La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado Nacional comenzó a tratar el lunes cinco proyectos de ley planteados para declarar a la telefonía celular servicio público“. En la práctica, declarar a un servicio “público” implica que el Estado tendrá la facultad de fijar el precio de las tarifas que se cobran a los clientes. Desde su origen, la telefonía celular es un servicio de carácter privado y, hasta el momento, la Secretaría de Comunicaciones fija las regulaciones. Pero los precios del sector son, en teoría, totalmente libres.

Los proyectos que se analizan son los del senador Juan Manuel Irrazábal (FPV); Carlos Verna (PJ), y Eugenio Artaza (UCR); Graciela Di Perna (PJ); Rubén Giustiniani (Partido Socialista), y Gerardo Morales (UCR).

En la reunión del lunes, los autores explicaron sus iniciativas, y el acuerdo político entre todas las fuerzas es sobre la necesidad de contar con una mayor regulación. Todos concuerdan en la declaración de “servicio público”, mientras todavía hay divergencias en temas sensibles, como ubicación de las antenas, derechos del consumidor y designación de la autoridad de aplicación.

El paso siguiente será una convocatoria a audiencias entre especialistas en tecnología, empresas y usuarios para unificar todos los criterios en un proyecto común.

Las quejas más recurrentes de las empresas radican en la necesidad de que el Gobierno libere más espectro radioeléctrico para mejorar la calidad de servicio (especialmente para las prestaciones en 3G y 4G) y en las dificultades burocráticas recurrentes en municipios y provincias para instalar antenas.

En tanto, Comunicaciones trabaja en un anteproyecto de resolución para lanzar un nuevo reglamento de clientes para las empresas. Con ese objetivo, hizo audiencias públicas en todo el país, pero todavía no implementó la normativa que propone. Legalmente, las empresas se rigen con un reglamento de 1997.

En la Argentina hay 62,5 millones de líneas de celular; 6,8 veces más que fijas; y son la principal vía de comunicación por voz en todos los sectores sociales. La semana pasada Personal, Claro y Movistar anunciaron inversiones por $5.900 millones para este año.

Nos preguntamos si en el debate por el espectro surgirá la cuestión de las posibles interferencias entre el servicio celular en la banda de 700 MHz y la TV Digital Terrestre, cuestión que se discute actualmente en Brasil (ver nota en PRODU).

Entiendo que es la primera vez desde el 2002 que el Marco Regulatorio de Telecomunicaciones vuelve a debatirse en el Congreso. Creo que es la mejor manera de generar una Política de Estado que no sea el tema de la administración de turno solamente.

La declaración de servicio público implica que el Estado puede regular las tarifas, los estándares de calidad y las características de la prestación.

“Los proyectos en debate cierran la posibilidad de que las operadoras puedan ofrecer servicio de televisión a sus clientes” según menciona la nota de La Nación: creo que este aspecto es innecesario.

Las quejas más recurrentes de los usuarios son sobre la calidad del servicio y la transparencia en los precios.

 

Fuente: http://comunicacioneselectronicas.com/12mayo2014.htm

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